Circuladora de peticiones se declara culpable de pagar a personas para registrarse para votar en Los Ángeles
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Los Angeles. A 64-year-old petition circulator, Brenda Lee Brown Armstrong, admitted this week that she paid individuals, including people experiencing homelessness, between $2 and $3 to register to vote and sign petitions while gathering signatures across Los Angeles. Federal prosecutors said she sometimes instructed registrants to use a former address, which led to multiple ballots sent there. On Monday the Justice Department announced Armstrong agreed to plead guilty to one felony count of paying another person to register to vote, a charge that carries up to five years in prison. DOJ officials cited plea documents and, in one report, an undercover video as evidence; prosecutors and advocates said the case will influence enforcement of voter-registration and petition circulator rules in the coming months.
Prepared by Emily Rhodes and reviewed by editorial team.
Timeline of Events
- Armstrong trabajó como circulador de peticiones en Los Ángeles durante aproximadamente veinte años.
- Los investigadores identificaron casos en los que se pagó a personas sin hogar entre 2 y 3 dólares para que se registraran y firmaran peticiones.
- Documentos judiciales y un acuerdo de culpabilidad documentaron los pagos y el uso de una dirección anterior para los registros.
- El Departamento de Justicia anunció el lunes un cargo federal por delito grave de pagar a otra persona para que se registrara para votar.
- Armstrong aceptó declararse culpable y se enfrenta a un cargo que conlleva hasta cinco años de prisión federal.
Why This Matters to You
Este caso resalta la importancia del registro de votantes justo. Es un recordatorio para estar atento a quién está recogiendo tu firma o tu registro de votante. Si no estás seguro, siempre puedes registrarte para votar o firmar peticiones en lugares oficiales.
The Bottom Line
Las acciones de Armstrong socavan la integridad de nuestro sistema de votación. Se enfrenta a hasta cinco años de prisión por su delito. Este caso sirve como advertencia a otros que puedan considerar tácticas similares. Si nota alguna actividad sospechosa, repórtela a los funcionarios electorales de su localidad. Envía esto a alguien que valore un proceso de votación justo.
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Los defensores de la fiscalía y la integridad electoral obtuvieron pruebas y un caso de alto perfil para respaldar la aplicación de las leyes de registro de votantes.
Las personas sin hogar seleccionadas para el pago sufrieron explotación, y la confianza pública en el proceso de petición y registro de votantes se vio socavada.
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