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La Cámara de Representantes se apresura a derogar una nueva ley que permite a los senadores demandar al gobierno federal por $500.000 si los investigadores obtienen secretamente sus registros telefónicos, con una votación de dos tercios esperada bajo suspensión el miércoles. La medida, introducida en el paquete de financiación para poner fin al cierre del gobierno de la semana pasada, es retroactiva a 2022 y podría abrir demandas de al menos ocho senadores republicanos cuyos registros fueron citados en la investigación de Jack Smith. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, defendió la disposición, mientras que republicanos como Austin Scott y Chip Roy la criticaron como egoísta. Lindsey Graham indicó que demandará; la mayoría de los demás dijeron que no lo harán.

Prepared by Lauren Mitchell and reviewed by editorial team.