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Los cierres del gobierno impactan de manera desproporcionada a los trabajadores contratados por el gobierno federal, quienes no tienen garantizado el pago retroactivo a diferencia de los empleados federales. Mientras que los trabajadores federales eventualmente reciben los salarios que se les deben, los contratistas enfrentan incertidumbre y posible falta de pago, incluso si sus contratos están completamente financiados. Esto puede generar una tensión financiera significativa para individuos y empresas, especialmente las pequeñas. La legislación que intenta abordar esta brecha ha fracasado hasta ahora, dejando a millones de trabajadores del sector privado vulnerables durante las interrupciones de financiación.

Prepared by Lauren Mitchell and reviewed by editorial team.