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Ocho ciudadanos extranjeros condenados, incluidos asesinos y violadores de países como Vietnam y Myanmar, fueron deportados a Sudán del Sur. Un juez federal intervino, alegando que la Casa Blanca violó una orden judicial al no permitir a los hombres la oportunidad de oponerse a la deportación, citando el peligro potencial en Sudán del Sur. El juez ordenó nuevas entrevistas. La deportación provocó controversia, con al menos una familia de víctimas expresando preocupación por el proceso y la falta de notificación, a pesar de su deseo de que el hombre fuera retirado de los EE. UU. El Departamento de Seguridad Nacional defendió la acción, calificando a los deportados como individuos excepcionalmente peligrosos.

Prepared by Rachel Morgan and reviewed by editorial team.