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El Congreso mexicano está avanzando una reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir que las personas que se postulan a la presidencia, gobernaciones estatales o jefatura de gobierno de la Ciudad de México tengan nacionalidad mexicana exclusiva. Los candidatos estarían legalmente obligados a renunciar por completo a cualquier ciudadanía o nacionalidad extranjera antes de registrarse para un cargo, y se les prohibiría usar pasaportes extranjeros o buscar protección diplomática de otro estado. La iniciativa ha sido aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado por las mayorías calificadas necesarias y requiere la ratificación por la mayoría de las legislaturas estatales para formar parte de la constitución. Los defensores enmarcan la medida como una protección de la soberanía nacional, mientras que los legisladores de la oposición argumentan que socava los derechos políticos de los ciudadanos que viven en el extranjero y los binacionales.