La administración Trump está instando a la Corte Suprema a acelerar su revisión de una orden ejecutiva que intenta poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Después de que los tribunales inferiores bloquearan la orden, la administración argumenta que es crucial para la seguridad fronteriza y para garantizar que la ciudadanía se otorgue legalmente. Este movimiento desafía más de un siglo de precedente legal, incluida una sentencia histórica de la Corte Suprema. Grupos de libertades civiles critican la orden como ilegal y cruel, y prometen luchar contra su aplicación. La administración busca un fallo definitivo, potencialmente para el próximo verano.
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