Tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el presidente Trump y sus aliados lo han elogiado como un defensor de la libertad de expresión mientras simultáneamente atacan a sus críticos. Esto ha llevado a acusaciones de doble rasero, con Trump y su administración aparentemente apoyando el castigo de quienes critican a Kirk. Si bien afirman combatir la "cultura de la cancelación", las acciones de la administración son vistas por algunos como una represión de la disidencia bajo el pretexto de prevenir la violencia y combatir el "discurso de odio". Esta inconsistencia ha generado preocupación, incluso entre algunos aliados tradicionales de Trump, sobre la erosión de los derechos de la Primera Enmienda y la posibilidad de futuros abusos de poder.
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