Un juez federal en Rhode Island ordenó temporalmente a la administración Trump que mantuviera el flujo de los beneficios de SNAP, dirigiendo al USDA a liberar fondos de contingencia a tiempo para los pagos del 1 de noviembre. Tras una audiencia de emergencia, el juez John J. McConnell Jr. calificó la pausa de financiación como arbitraria y probablemente causaría un daño irreparable, citando el "terror" entre las personas que intentan cubrir sus necesidades básicas. Una coalición de gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, pequeñas empresas y un grupo de derechos de los trabajadores demandaron. En un caso separado en Boston, la jueza Indira Talwani consideró la suspensión ilegal pero buscó respuestas sobre posibles reducciones de los beneficios de noviembre.
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