Agentes federales enmascarados han intensificado las redadas de inmigración en comunidades latinas, desde Chicago hasta Los Ángeles, lo que ha provocado una serie de demandas y una decisión de emergencia de la Corte Suprema. En Los Ángeles, los magistrados permitieron temporalmente que los agentes interrogaran a las personas basándose únicamente en la raza, etnia o idioma, revocando una orden judicial; el juez Kavanaugh respaldó la medida, mientras que la jueza Sotomayor advirtió que erosiona las libertades constitucionales. Los demandantes, desde D.C. hasta Mobile, describen paradas y arrestos sin orden judicial, y los abogados de Chicago citan violaciones de un decreto de consentimiento de 2022. Los casos podrían restablecer los límites a la aplicación de la ley de inmigración.
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