El Departamento de Justicia de EE. UU. ha emitido un memorando de 39 páginas de la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) que concluye que los gobiernos estatales no tienen la obligación legal federal de proporcionar servicios basados en la comunidad a personas con discapacidades del desarrollo o mentales. Firmada por Lanora C. Pettit, subprocuradora general adjunta principal de la OLC, la opinión establece que ni el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades ni la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación exigen que los estados atiendan a tales personas en el entorno más integrado apropiado. Solicitado por el asesor de la Casa Blanca, el memorando ahora establece la posición legal formal del poder ejecutivo y se espera que dé forma a las decisiones de aplicación de los derechos civiles y financiación.
Prepared by Lauren Mitchell and reviewed by editorial team.
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