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Enfrentando una quinta semana de cierre, la administración Trump defendió la suspensión de los pagos de SNAP, diciendo que los límites legales, técnicos y presupuestarios impiden el uso de fondos restantes, a pesar de que hay miles de millones en cuentas federales. En documentos judiciales, los funcionarios advirtieron que no podían reprogramar dinero ni recurrir a reservas sin violar la ley, dejando a 42 millones de beneficiarios en riesgo de recibir beneficios reducidos o desaparecidos el 1 de noviembre. Veinticinco estados y D.C. pidieron a un juez de Massachusetts que obligara a tomar medidas. El gobierno argumentó que incluso los pagos parciales serían sin precedentes y disruptivos, en contraste con los fondos preservados para otras prioridades.

Prepared by Lauren Mitchell and reviewed by editorial team.