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La orden ejecutiva de Donald Trump establece una fuerza de despliegue rápido de la Guardia Nacional de 600 soldados, lo que genera preocupación sobre la militarización de la policía nacional. Los críticos citan el potencial de abuso, comparándola con unidades policiales 'de élite' problemáticas con antecedentes de violencia. La orden elude la Ley Posse Comitatus, que restringe la participación militar en la aplicación de la ley nacional. El plan de despliegue, supervisado por el Secretario de Defensa Pete Hegseth, despierta temores de violación de los derechos constitucionales y carece de mecanismos de rendición de cuentas. Se prevén desafíos legales, pero siguen siendo posibles opciones alternativas de aplicación de la ley que utilicen agencias federales.

Prepared by Lauren Mitchell and reviewed by editorial team.