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Un juez federal ordenó a la administración Trump que liberara 11.500 millones de dólares en ayuda exterior, considerando que la retención de fondos por parte de la administración probablemente era ilegal. La administración había intentado una "rescisión encubierta", una táctica que no se usaba en casi 50 años, para evitar gastar el dinero aprobado por el Congreso. Esto incluía fondos para programas globales de salud y VIH/SIDA. La Casa Blanca apeló el fallo, argumentando que el presidente tiene autoridad para alinear la ayuda con las prioridades de "Estados Unidos primero". El juez reconoció que el fallo podría ser apelado, destacando las importantes cuestiones legales involucradas.

Prepared by Lauren Mitchell and reviewed by editorial team.