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Una poderosa coalición de legisladores federales, funcionarios del poder ejecutivo y corporaciones tecnológicas multinacionales se ha unido en torno a una estrategia de "preempción federal", buscando despojar a los gobiernos estatales de su autoridad sobre la IA generativa. La coalición argumenta que los marcos legales que rigen estas tecnologías están en un estado de flujo, ya que la IA generativa afecta a todos los sectores de la economía, desde los diagnósticos sanitarios hasta las industrias creativas. El impulso tiene como objetivo centralizar la regulación a nivel federal, limitando la supervisión a nivel estatal del desarrollo y la implementación de la IA.