En su segundo mandato, el presidente Trump ha intensificado el uso de la Guardia Nacional, sugiriendo u ordenando la intervención federal en casi una docena de ciudades, predominantemente gobernadas por alcaldes y gobernadores demócratas. La administración argumenta que las fuerzas son necesarias para combatir el crimen y salvaguardar las instalaciones del ICE, pero los críticos lo llaman un abuso de poder. Los despliegues han provocado batallas legales y protestas, con estados como Illinois, Oregón y California presentando demandas contra la administración Trump. A pesar de la resistencia legal, Trump continúa sugiriendo el despliegue de tropas en más ciudades, citando preocupaciones de seguridad pública.
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