El impulso de Donald Trump para la imputación de James Comey es visto por exfiscales y académicos como una señal de autoritarismo y un posible golpe a la validez del caso. Trump presionó a funcionarios, reemplazando a un fiscal que dudaba del caso con un asistente de la Casa Blanca. Los críticos argumentan que esta interferencia socava la independencia judicial, con Trump actuando como investigador, fiscal y jurado. Los expertos advierten que esta presión podría ser contraproducente, dificultando juicios justos y potencialmente llevando a la desestimación de cargos debido a una persecución vengativa o selectiva.
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