El Pentágono implementó nuevas restricciones que exigen a los periodistas con acceso a su sede que firmen un compromiso de no informar sobre información no autorizada, incluso si no está clasificada. Esta política, criticada por los defensores de la libertad de prensa como censura, corre el riesgo de revocar las credenciales por incumplimiento. La medida sigue a restricciones anteriores, incluida la prohibición de que los reporteros accedan a ciertas áreas sin escolta, y se produce en medio de una mayor presión del gobierno sobre los medios de comunicación. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la política, afirmando que la prensa no dirige el Pentágono. Múltiples organizaciones de medios condenaron las restricciones como una violación de la Primera Enmienda y perjudicial para el interés público.
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