Oregón y Portland están demandando a la administración Trump para detener el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad. Los funcionarios estatales argumentan que el gobierno federal carece de autoridad para tal intervención y que las estadísticas de delincuencia local no lo justifican. La demanda afirma que el despliegue viola la Décima Enmienda y la ley federal. La Casa Blanca sostiene que la acción es legal y tiene como objetivo mejorar la seguridad. Este desafío legal sigue a controversias similares en otras ciudades donde la administración consideró o desplegó fuerzas federales.
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