Un juez federal ha dictaminado que los esfuerzos de la administración Trump para deportar a estudiantes manifestantes nacidos en el extranjero eran inconstitucionales, violando sus derechos de la Primera Enmienda. El juez William Young determinó que los funcionarios maltrataron su autoridad para perseguir a individuos por su discurso político, específicamente en relación con protestas pro-palestinas. La administración se ha comprometido a apelar la decisión "monumental", calificándola de "indignante" y una amenaza a la seguridad nacional, mientras que los defensores elogiaron el fallo como una defensa significativa de la libertad de expresión para los no ciudadanos.
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