Al menos 64 personas, incluidos cuatro policías, murieron en una operación policial en Río de Janeiro, la más mortífera en la historia del estado. Las autoridades dijeron que 2.500 oficiales se movilizaron durante las primeras horas en áreas controladas por el Comando Rojo después de una investigación de un año, arrestando a 81 personas. Los disparos enviaron humo sobre casas de bloques de cemento mientras los residentes esquivaban balas perdidas; autobuses barricaron carreteras y las universidades cancelaron clases. El gobernador Cláudio Castro declaró una "guerra" contra el crimen y criticó a Brasilia por escaso apoyo, afirmaciones que el ministro de Justicia de Brasil rechazó. El derramamiento de sangre también alimentó corrientes políticas que involucraron a Jair Bolsonaro, el presidente Trump y las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y Brasil.
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