Los esfuerzos del presidente Trump por desplegar personal militar en suelo estadounidense a pesar de las objeciones de los gobernadores están intensificando los conflictos y provocando batallas legales. Los críticos ven esta expansión del poder presidencial, incluido el uso de la Guardia Nacional a nivel nacional para el control de inmigración y delincuencia, como un exceso autoritario que podría violar la ley constitucional y el federalismo. Los gobernadores de estados liderados por demócratas están demandando, cuestionando la legalidad de estos despliegues y preparando un posible enfrentamiento entre los tribunales y la Casa Blanca.
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