La iniciativa anticrimen de la administración Trump en ciudades dirigidas por demócratas está siendo objeto de escrutinio por parte de criminólogos en cuanto a su efectividad, particularmente el papel de la Guardia Nacional. Si bien la investigación sugiere que una presencia visible uniformada puede disuadir el crimen, existen preocupaciones sobre la identidad militar de la Guardia y el posible resentimiento en ciudades donde no fue solicitada. Los criminólogos enfatizan la importancia de estrategias basadas en evidencia de "puntos calientes" ("hot spot"), sobre las cuales el Departamento de Justicia se negó a comentar. Los datos preliminares de Washington, D.C. muestran una disminución del crimen, aunque los expertos advierten que simplemente aumentar el personal no es fiscalmente sostenible a largo plazo.
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