El presidente Trump está desafiando las normas legales al intentar desplegar la Guardia Nacional en ciudades como Portland y Chicago, citando preocupaciones sobre el crimen y la inmigración. Esta medida, utilizando un estatuto raramente invocado (Título 10), elude la aprobación estatal y ha enfrentado desafíos legales. Mientras que algunos tribunales han bloqueado despliegues, otros han sido más indulgentes, lo que ha llevado a un resultado legal mixto y a plantear preguntas sobre la autoridad presidencial. Los expertos legales anticipan que la Corte Suprema eventualmente podría necesitar pronunciarse sobre tales intervenciones en ciudades estadounidenses.
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