En medio de un cierre federal, Donald Trump ordenó el pago de sueldos a las tropas estadounidenses, reasignando unos 8.000 millones de dólares de fondos de investigación y desarrollo del Pentágono y aceptando una donación de 130 millones de dólares del multimillonario Timothy Mellon para cubrir salarios y beneficios. Expertos legales y presupuestarios afirman que las medidas son probablemente ilegales, corren el riesgo de violar la Ley de Antideficiencia y erosionan el poder del Congreso sobre el gasto. Advierten que el precedente podría permitir la financiación unilateral de acciones más contenciosas, incluyendo despliegues militares internos, mientras que las demandas judiciales podrían tener dificultades para tener legitimación activa. Los republicanos en el Congreso ahora enfrentan presión para reafirmar la autoridad de apropiación.
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