La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, y más de una docena de sus homólogos presentaron una demanda federal en Boston impugnando la nueva regla de la administración Trump que restringe quién califica para el Perdón de Préstamos de Servicio Público, que perdona la deuda después de una década para trabajadores del sector público y sin fines de lucro. El Departamento de Educación dice que la regla prohíbe a las organizaciones que participan en actividades ilegales, incluido el apoyo al terrorismo o la ayuda a la inmigración ilegal. James lo llamó una prueba de lealtad política; el Subsecretario Nicholas Kent lo llamó una reforma de sentido común. Ciudades, sindicatos y organizaciones sin fines de lucro también demandaron, advirtiendo que podría encarecer la educación superior para los trabajadores públicos.

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