Con la Novena Circunscripción sopesando una reconsideración en pleno sobre si el presidente Donald Trump puede federalizar la Guardia Nacional de Oregón, el Departamento de Justicia reconoció que exageró la mano de obra federal en Portland. En una carta, el abogado Andrew M. Bernie dijo que una declaración jurada que citaba a 115 agentes del Servicio de Protección Federal estaba equivocada; el aumento real fue de 86, incluidos 65 inspectores de seguridad. La admisión socava una afirmación central de que el FPS estaba al borde del colapso, un punto señalado por Oregón y cuestionado por la jueza Susan Graber. Una orden judicial todavía bloquea cualquier despliegue de la Guardia ya que la suspensión previa del tribunal permanece temporalmente suspendida.
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